LA ILEGALIDAD DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 Y SU DERIVACIÓN EN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El número de personas que ha muerto o enfermado de gravedad por causa de la inoculación de las vacunas contra la COVID-19 es una incógnita. Si nos atenemos a los reportes recogidos por el OpenVaers y la Agencia Medica Europea, podríamos estar hablando de decenas de millones o incluso de centenares de millones de afectados. Resulta imposible establecer el porcentaje exacto, ya que en estas plataformas u organismos reconocen no recoger ni tan siquiera el 1% de los casos reales. Y las cifras variarían mucho dependiendo de cuál sea exactamente ese “ni tan siquiera el 1% de los casos. Si hasta el 24 de marzo del 2023, en el OpenVaers habían sido reportadas 34.965 muertes causadas por la vacuna COVID-19 y, esta cifra acaparase el 0.75% de los casos reales, estaríamos hablando de 4.3 millones de casos reales. Sin embargo, si esta misma cifra acaparase el 0.5%, hablaríamos de 69.2 millones. Y lo mismo debiera aplicarse en los casos reportados de miocarditis, abortos espontáneos, ataques al corazón, trombos, derrames cerebrales, discapacitados permanentes, etcétera.

El número de cada uno de estos eventos adversos y fatales provocados por esta “vacuna” continuará siendo una incógnita porque quienes disponen de los medios para realizar las investigaciones pertinentes no tienen ningún interés en que este asunto se esclarezca y salga a la luz pública; puesto que hablamos de los mismos que fueron responsables de engañar a la población mundial para que accediera a inoculársela, asegurando que era eficaz y segura, amén de imprescindible.

La gravedad de estos hechos no tiene parangón. Hablamos del que bien pudiera ser el mayor genocidio perpetrado en el transcurso de la historia de la humanidad. Dependiendo de cual fuese el ya referido “ni tan siquiera el 1% de los casos”, los decesos y personas enfermadas por causa de la “vacuna” experimental bien podrían dejar muy atrás a los de la segunda guerra mundial. Decesos y enfermedades que, no lo olvidemos, continúan y continuarán en aumento. No en vano la onda expansiva de este descalabro iatrogénico masivo es cada día más amplia; puesto que 1), continúa siendo inoculado y, 2), todavía se desconocen sus efectos adversos a largo plazo.

Soy consciente de que de la peligrosidad de esta “vacuna” ya hablé detenidamente en el artículo “inefectivas, inseguras y experimentales”. Si la he sacado nuevamente a la palestra, es porque debe ser usada como circunstancia agravante, de la responsabilidad criminal derivada de los numerosos delitos que han sido perpetrados durante la campaña de vacunación contra la COVID-19.

Tras todo lo que se ha visto a lo largo de estos dos últimos años, entendería que el lector dudase de mí al decir que la campaña de vacunación contra la COVID-19 ha sido ejecutada ilegalmente desde cualquiera de los ángulos que se la mire.

“¡Eso es imposible!”, exclamarán muchos. “Pero si todo el mundo alababa y agradecía la vacunación. Todos los presentadores de televisión, los famosos y también los políticos”.

Pues resulta que es un hecho fuera de toda cuestión. La campaña de vacunación es el resultado de la gran tropelía de ilegalidades que expondré a continuación.

1) La coerción a la que fue sometida cierto porcentaje de la población para que aceptase inocularse esta “vacuna”.

2) La discriminación como forma de coerción a la que fue sometida aquella parte de la población que durante un tiempo se resistió a inocularse, así como la discriminación pura y dura a la que fueron sometidos quienes se mantuvieron firmes y nunca tendieron su brazo a la aguja.

3) La vulneración de la intimidad amparada por la Constitución y la Ley de Protección de Datos sufrida por cada persona a la que en algún momento se le exigió que mostrase su pasaporte verde o que accediese a aportar información privada sobre su estado de vacunación.

4) La inoculación de la “vacuna”, tanto a quienes lo decidieron voluntariamente como bajo coerción, sin que mediase el obligatorio consentimiento informado.

5) La inoculación de la “vacuna”, nuevamente en este caso tanto a quienes lo decidieron voluntariamente como bajo coerción, sin prescripción médica ni receta.

Ahora desarrollemos estos puntos:

Está terminantemente prohibido coaccionar a nadie de forma alguna para conseguir que acceda a someterse a ninguna clase de tratamiento médico. Más si cabe, como bien especifica el Código de Núremberg, si este tratamiento médico es experimental, tal y como es el caso de las vacunas contra la COVID-19.

Quizá usted no se sintió coaccionado o presionado en forma alguna para inocularse esta “vacuna”. Quizá usted fuese uno de tantos otros que creyeron en la propaganda político-mediática que aseguraba la necesidad, eficacia y seguridad de estas “vacunas” y se apresuró a salir a poner el brazo voluntariamente. Así que puede que usted no fuese coaccionado … O puede que ni siquiera se diese cuenta de ello.

Porque la coacción comenzó sutilmente; bajo el influjo de la idea de que el buen ciudadano tenía que “vacunarse” para ser solidario; cosa que, obviamente, el mal ciudadano, el insolidario amén de egoísta y desconsiderado, no haría. De esta forma, acudir a pincharse al centro de vacunación se convirtió para muchos en motivo para sacar pecho y convertirse en un héroe a ojos de quienes se tragaron el cuento de que, si llovía y no usabas paraguas, serías el culpable de que otros se mojaran. Así fue como muchos de estos pobres ingenuos publicarían en redes sociales sus ya famosos selfies recién inoculados –hashtag #YoMeVacuno incluido– solo para que, no mucho después, sus nombres y apellidos apareciesen en las esquelas funerarias.

Enhorabuena, fuiste muy solidario y diste tu vida –o destruiste tu salud– para absolutamente nada. Te engañaron como a un chino. Si la “vacuna” fuese eficaz, nadie necesitaría que otras personas se la inoculasen para estar a salvo.

El chantaje emocional vía “se solidario y conviértete en un héroe”, carecía de toda lógica. Aun así, muchos picaron …

Pero la coerción y persecución a los no inoculados no se quedó en meras insinuaciones referentes a su poca insolidaridad o baja catadura moral. La aparición del pasaporte verde y el certificado de vacunación, ambas dos herramientas de coerción y discriminación totalmente ilegales, abrieron la veda para que la caza de brujas a los no inoculados llegase a extremos inconcebibles. Por un lado, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad se limpiaban el culo con la constitución y trataban como a criminales a los no inoculados que exigían su legítimo derecho a no ser discriminados y a entrar libremente en comercios, restaurantes, cines, teatros, etcétera. Por otro lado, presentadores de televisión exhortaban a la población a tratarlos como a apestados, recomendando incluso sentarlos en mesas y habitaciones aparte durante las cenas y comidas familiares de Navidad. Algunos de estos presentadores de radio y/o televisión, así como personajes famosos a los que los primeros daban voz en sus programas, llegaron incluso a llamar asesinos a quienes no deseaban inocularse y a pedir que no se les permitiera salir de sus casas.

Cierto que los delitos de odio siempre se mantendrán en una escala jerárquicamente inferior a la libertad de expresión y opinión reflejadas en las constituciones de la mayoría de países y en los tratados internacionales de los Derechos Humanos. Pero los que sí son inapelables, son los delitos de discriminación en cualquiera de sus formas y coerción para forzar a la población a recibir cualquier tipo de tratamiento médico –y, ni que decir tiene, uno experimental–. Sin olvidarnos de los delitos por vulneración de la Ley de Protección de Datos así como el derecho a nuestra intimidad (artículo 18 de la Constitución española) que fueron perpetrados en cada una de las ocasiones en las que a algún ciudadano se le exigía que demostrase estar inoculado para, básicamente, permitirle moverse libremente o cruzar una línea en el suelo.

Muchas personas se vieron obligadas a elegir entre el no inocularse o el mantener sus puestos de trabajo. En países como Italia o Australia se llegó incluso a imponer normas totalmente ilegales para impedir que los no inoculados pudiesen desempeñar trabajo alguno o incluso hacer uso del transporte público. Y todo esto, debo insistir en ello, para forzarlos ilegalmente a inocularse una presunta “vacuna” que no impedía el contagio y que estaba siendo causa de más muertes de las que había causado la presunta enfermedad que la inoculación decía erradicar.

El despropósito no podía ser mayor. Claro, que, las muertes y efectos adversos causados por estas “vacunas”, fueron ocultados tanto por políticos como por medios de comunicación. Y de esta forma se incurrió en otro grave delito. Pues de esta forma el consentimiento informado exigido legalmente para que cualquier persona decida, obviamente con conocimiento de causa, si se somete o no a un tratamiento médico, fue extirpado de raíz.

El consentimiento informado implica la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.

Un conocimiento informado que fue negado a la población partiendo del hecho de que ni siquiera fue informada de que este “medicamento” estaba siendo administrado experimentalmente. Los inoculados fueron convertidos en conejillos de indias sin ni tan siquiera saberlo. Circunstancia que las voces del oficialismo negaban fehacientemente tachando de antivacunas, negacionistas, conspiranoicos y desinformadores a quienes trataban de propagar esta delicada información tanto a seres queridos como al resto de la población.

La legislación española –así como la de tantos otros países– no permite la dispensación sin receta de los medicamentos de prescripción médica. Actualmente, vender en España antibióticos o antiinflamatorios de toda la vida como lo son el paracetamol o el ibuprofeno, respectivamente, es un crimen. Sin embargo, han estado administrando una “vacuna” en fase 3 de su ensayo clínico –experimental– sujeta a prescripción y receta médicas, sin que ningún médico en el mundo se atreviese a prescribirla y/o recetarla formalmente.

¿Vieron a algún médico recetar alguna de las vacunas contra la COVID-19?

Yo, desde luego, no he visto todavía ninguna de estas recetas firmada por médico alguno. Circunstancia que no debiera ser causa de sorpresa. Un nombre y firma en uno de estos boletos de la lotería del infortunio, bien podría terminar traduciéndose en el pago de una cuantiosa indemnización o incluso en el fin de la carrera de medicina del firmante en cuestión.

Pero ningún médico tuvo de qué preocuparse. La veda quedo totalmente abierta para que cualquiera de ellos, insisto en ello, ilegalmente, pudiera eximirse de tener que prescribir o recetar cualquiera de estas mal llamadas vacunas. Así que mientras los farmacéuticos tenían que cuidarse de no vender un antiinflamatorio sin su prescripción y correspondiente receta, cientos de millones de personas en el mundo eran inoculados con una vacuna experimental sin que nadie moviera un dedo más que para asegurarse de que el proceso se llevase a cabo de tal forma que, en caso de que los efectos adversos hiciesen estragos –como si supieran de antemano lo que iba a ocurrir– fuese muy difícil establecer a quién exigir responsabilidades. A fin de cuentas, nadie dejó su sello personal para prescribir o recetar esta “vacuna” experimental.

¿Y quiénes la inocularon a la población?

Enfermeros e incluso voluntarios carentes de formación alguna como sanitarios a quienes nadie se plantearía ni siquiera pedir responsabilidades y cuyos nombres y apellidos seguramente quedaron traspapelados bajo el amparo del anonimato.

La gota que colmó el vaso para quienes contemplábamos atónitos esta cadena de ilegalidades que estaban siendo perpetradas impunemente con la complicidad de todo el sistema político y sanitario de la totalidad de los países del mundo, fue el inicio de la campaña de vacunación infantil contra la COVID-19.

Yo mismo organicé una campaña para acudir a los colegios donde se estaba procediendo a inocular a los niños para denunciar a los propios inoculadores y directores de estos centros. La respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad no fue otra más que la de tratar de impedir a toda costa que estas denuncias fuesen interpuestas, negándose en muchos casos a tramitarlas e incluso procediendo ellos mismos a denunciar a quienes, con todo el peso de la ley a nuestro favor, exigíamos que fuesen tramitadas.

¿Y qué hicieron los jueces con aquellas pocas denuncias que sí fueron recogidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

En España al menos, no hubo un solo juez que admitiera a trámite ninguna de estas denuncias.

Una de las mismas fue la que, no sin la determinante ayuda de la abogada que colaboraba conmigo, yo mismo conseguí poner a los inoculadores de un colegio en Valencia, ciudad donde pasado tan solo un mes desde que dio comienzo la campaña de vacunación infantil, los ingresos en hospitales de niños por presunto COVID se habían quintuplicado

Pero estos datos, como tantos otros de igual relevancia, no cobrarían nunca la forma de noticias con las que debieron haber abierto los telediarios de todas las cadenas de televisión.

Todas estas ilegalidades fueron tratadas como legales bajo la coartada del terror causado por una alerta sanitaria cuya existencia real, a cada día que pasa, ponen en tela de juicio más y más personas. Personas que inicialmente fueron engañadas o coaccionadas para que accediesen a inocularse e inocular a sus propios hijos estas mal llamadas vacunas pero que, a día de hoy, dejaron de pasar por el aro propiciando que estas inyecciones fatales sean irremediablemente desechadas.

Por último, antes de dar por concluido este artículo, solo me queda añadir que las mismas ilegalidades aquí expuestas que fueron perpetradas para conseguir que la población se inoculase estas vacunas, fueron perpetradas para hacer lo propio con las fraudulentas pruebas PCR. Por fortuna estas últimas, en lugar de mostrar eficacia tan solo dejar a su paso una estela de muerte y enfermedad, únicamente fueron eficaces para engañar a la población haciéndola creer estar enferma sin estarlo, así como para vulnerar sus derechos más fundamentales; lo que tampoco es moco de pavo.

¿Serán juzgados por sus crímenes los responsables de estos actos delictivos potencialmente agravados por las muertes y daños permanentes en la salud de tantas personas?

Misión imposible mientras que el pueblo no despierte y se levante para devastar por completo este sistema político-judicial absolutamente pútrido y corrupto.

Fernando Vizcáino
(Visto en https://diario16.com/)