jueves, 21 de noviembre de 2024

LO OCURRIDO EN VALENCIA FUE PLANEADO. ESTAMOS EN MANOS DE PSICÓPATAS.




En este programa, Pilar Esquinas, abogada y luchadora por los derechos del agua, nos desvela junto con José Manuel Sanz, de la asociación AguaIuris, lo que no nos han querido contar sobre la apertura de presas, entre otros muchos temas relacionados con la tragedia de las inundaciones que han asolado a la Comunidad Valenciana:

– El daño de la DANA fue premeditado. No avisaron a la población como era su obligación en los protocolos.

– Abrieron las compuertas para inundar y destruir deliberadamente la huerta histórica valenciana. Fue un genocidio.

– Detrás están los fondos de inversión con el negocio del agua y la reconstrucción millonaria de las ciudades de 15 minutos (smartcities).

– Una semana antes de la DANA, se reunieron en Valencia para planificarlo todo.

El vídeo completo del programa dura más de dos horas, por lo que he optado por seguir el proceder de Ejército Remanente y comenzar la entrada por su resumen. A continuación enlazo el programa completo para aquellos más dotados de paciencia. Me extrañaría que permaneciera mucho tiempo en YouTube, por lo que recomiendo descargarlo.



(Fuente: https://ejercitoremanente.com/)

DIPUTADO DESTAPA LA FARSA DEL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO GLOBAL


"El CO2 producido tiene un efecto fertilizador ... La Agenda 20-30 lo único que hace es empobrecer ... Está basada en falsas percepciones, mentiras y en meter miedo la población..."

LAS VACUNAS PROPAGAN LAS ENFERMEDADES CONTRA LAS QUE SUPUESTAMENTE DEBERÍAN INMUNIZAR


miércoles, 20 de noviembre de 2024

"DELITO DE ODIO": UNA NUEVA HERRAMIENTA DE CONTROL Y REPRESIÓN



A raíz de la falsa pandemia, los gobiernos de prácticamente todo el mundo se han lanzado a impulsar multitud de leyes, que atacan deliberadamente la libertad y el bienestar de las personas, a una escala nunca antes vista.

Los hechos que estamos viendo en nuestro país (inmigración descontrolada consentida, ideología de género hasta en la sopa, censura disfrazada de control de la información, etc.) no son acontecimientos aislados impulsados por nuestro gobierno “progre”, sino que forman parte de un mismo proceso a escala mundial.

Si hacemos un ejercicio de memoria, veremos que en los últimos cuatro años el mundo ha cambiado tan rápidamente que casi ha llegado a ser irreconocible.

Todo empezó en diciembre de 2019, cuando un médico de Wuhan, China, vio cuatro casos de neumonía estereotipada y los catalogó de “misteriosos”. Entonces, un virólogo empezó a buscar algo que no tenía motivos para pensar que existiera y “casualmente” lo encontró: el virus SarsCov-2, que dio origen a la enfermedad Covid-19 y, por ende, a la falsa pandemia y la “nueva normalidad”.

La narrativa de la “pandemia”, según la OMS, fue la siguiente: “El Covid-19 puede parecer y actuar como la gripe, pero en realidad es especial y diferente”. ¡Sí señor, con dos cojo***!

Está claro que cuando inventas una nueva enfermedad, que es idéntica a una existente, debes anunciarla con bombo y platillo. Y eso fue lo que hicieron: la anunciaron, la secuenciaron, pusieron en marcha los test PCR para diagnosticarla y le dieron el nombre de Covid-19. Y todo en menos de un mes.

Luego pusieron en marcha la “nueva normalidad”: un proyecto globalista mundial, para controlar hasta el último movimiento y pensamiento de cada individuo en este planeta.

Desde entonces, nuestros gobiernos están en guerra contra todo lo anterior a la “nueva normalidad”. Están en contra del dinero en metálico, los alimentos naturales, la energía barata, los coches de gasolina y gasoil, la propiedad privada, la libertad de expresión y un larguísimo etcétera.

Pero el invento más ingenioso salido de la “nueva normalidad”, que además lo abarca todo, es el “delito de odio”; vamos, la cuadratura del círculo.

Creo que ya he dicho en alguno de mis artículos que tanto el odio como el amor son sentimientos que no se deben enjuiciar. Por lo tanto, no se puede hacer una ley que penalice el odio convirtiéndolo en un delito. El delito sería agredir a alguien porque se le odia. Evidentemente, el delito está en la agresión, no en el sentimiento (en este caso el odio). Por consiguiente, el “delito de odio” no es más que otra burda manipulación del lenguaje para convertirlo en una herramienta de control y represión.

Como ya habrán observado algunos de mis seguidores, Google acaba de cerrar mi blog, “pepeluengo.blogspot.com”, en el que llevaba publicando artículos desde el año 2012. Su justificación, que el contenido vulnera las normas de la comunidad blogger. ¿Y qué normas son esas? Pues son unas normas tan amplias y tan ambiguas que lo abarcan todo: contenido para adultos pernicioso; exploración y abuso sexual infantil; acoso sexual; extorsión sexual; actividades peligrosas e ilegales; hostigamiento; acoso y amenazas; incitación al odio; suplantación de identidad; difundir información falsa; divulgar contenido engañoso relacionado con teorías de la conspiración; incitar a prácticas sanitarias, educativas o científicas perjudiciales y un largo etcétera. En definitiva, lo que dice Google es: “te cierro el blog porque no me gusta el contenido, y punto”.

Naturalmente, he hecho la correspondiente reclamación pidiendo explicaciones de por qué se ha cerrado mi blog. Y, tal y como sospechaba, la respuesta ha sido: “Tu contenido ha infringido nuestra política de MISLEADING_INFO”. O sea, que según Google (poseedor de la verdad absoluta) difundo información engañosa que puede llevar a la incitación al odio.

Es evidente que el “delito de odio” es tan ambiguo que se puede aplicar a cualquier cosa. Por lo tanto, se ha convertido en la herramienta perfecta para acallar, juzgar y condenar a cualquiera que se salga de lo “políticamente correcto”, como en mi caso.

Seamos serios. Si bien el Estado puede sancionar los actos vandálicos de los ciudadanos, no debe, de ninguna de las maneras, sancionar sus ideas, pensamientos o sentimientos. Porque, vamos a ver, ¿quién puede definir la frontera entre la conducta legal y la delictiva del odio? Nadie, pues es imposible distinguir de manera objetiva e indiscutible lo que es ofensivo de lo que no lo es, pues todo depende de la sensibilidad de cada persona.

Está claro que si eres un buen ciudadano, estás de acuerdo con el gobierno, obedeces escrupulosamente sus mandatos y repites como un mantra su propaganda no tienes nada que temer. Ahora bien, si se te ocurre poner en duda alguna de esas nuevas ideologías que han proliferado como setas, criticar la actuación del gobierno en materia de inmigración ilegal o tener pensamiento crítico automáticamente te conviertes en un delincuente de odio.

Sin embargo, si cualquier poder fáctico es el que te insulta, te cataloga como un ser repugnante al que hay que aislar, marcar como a los judíos durante el holocausto o hacerte la vida imposible, eso no es “delito de odio”, eso es por el bien de todos, tal y como vimos durante la falsa pandemia.

Lo soez, la grosería, la insolencia, la falta de tacto o la mala educación pueden merecer -y de hecho lo merecen- el reproche social, pero nunca un castigo penal. Y es que el pensamiento solo se puede combatir con otro pensamiento, no con castigos ni prohibiciones.

Estamos asistiendo a un auténtico disparate. Sin embargo, la verdadera tragedia aquí es que a nadie parece importarle. Y es que la gente está tan inmersa en su rutina cotidiana, que no es consciente de que se está jugando la poca libertad que aún le queda.

¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué traga todo lo que le echen? No sé si a más personas les ocurrirá lo mismo que a mí, pero últimamente llevo observando que algo le falta a la gente. Es como si le hubieran robado algo que tenía antes del Covid-19. O dicho de otro modo, como si el Covi-19 nos hubiera convertido a todos en una manada de zombis.

Cuando hablas con la gente, la inmensa mayoría está cansada de tanta tiranía y ansía un mundo donde reine la honradez, la libertad, la paz, el amor y la alegría. Pero para llegar a eso debemos implicarnos y no escondernos. Y yo me pregunto, ¿para cuándo lo vamos a dejar?

(Visto en https://pepeluengo2)

EL Dr. RYAN COLE EXPLICA POR QUÉ MUCHOS "VACUNADOS" CONTRA EL COVID SE HAN LIBRADO DE LOS EFECTOS ADVERSOS




ADVERTENCIA: No siempre podrás tener la misma suerte ...

PILARU RAMOS: "SI DESPUÉS DE ESTO LAS COSAS NO CAMBIAN RADICALMENTE, ES QUE ESTAMOS MUERTOS COMO NACIÓN"


martes, 19 de noviembre de 2024

ESPAÑA NO TIENE YA SOBERANÍA, LA HAN FAGOCITADO MULTINACIONALES Y FONDOS DE INVERSIÓN




“¿Cómo vas a hablar acerca del mar con una rana, si ella no ha salido nunca de la charca?”
(Zhuan Zi)

Según el último informe de Oxfam Intermón, en 2023 el 1% más rico del planeta acumuló más riqueza que el 95% de la población total (8.200 millones de habitantes). El dato ha sido revelado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la que asistió el presidente Pedro Sánchez. A la hora de poner nombre y apellidos a esos tiburones económicos que dominan y esquilman el mundo, la ONG ha señalado como número uno del podio depredador a la corporación financiera BlackRock (BR). Precisamente, este fondo buitre norteamericano acaba de obtener el visto bueno del Gobierno para adquirir el 20% de la eléctrica Naturgy, una de tres grandes empresas eléctricas nacionales. Actualmente la trasnacional BR es líder inversor en sectores estratégicos como la gran la banca, el de los medios de comunicación, el inmobiliario o el de infraestructuras, llegando a ser el accionista hegemónico en 25 de las 35 compañías del Ibex.


Todo ello, sin olvidar su papel como importante tomador de nuestra deuda pública, donde no ha dejado de escalar posiciones a partir de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, con un significativo repunte a partir del pasado año, cuando el Banco Central Europeo (BCE) dejó de comprar deuda pública a los países miembros. En el caso español, una apuesta segura con la reforma-exprés del artículo 135 de la Constitución que priorizó el pago de la deuda sobre otras necesidades sociales aprobada en 2011 por Zapatero (el político que proclamó "subir los impuestos no es de izquierdas"; impuso una contrarreforma laboral que desató una huelga general; congeló las pensiones; agravó las condiciones para la jubilación; bajó los sueldos públicos un 5% y liquidó las Cajas de Ahorro).

BlackRock es una institución sistémica. Atesora más de nueve millones de activos en los cincos continentes, cupo equivalente al PIB conjunto de Alemania, Francia e Italia, y casi siete veces el de España. A escala internacional, es accionista clave en gigantes como Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter, PepsiCo, Ferrari, Bank of América, JP Morgan, Pfizer, Moody´s, McDonalds, Facebook, Fox News. CBS, Comcast, ExxonMobil y Gazprom. El depredador económico favorito de Sánchez controla prácticamente el 10% de los negocios mundiales, circunstancia que seguramente ha valorado Donald Trump al pensar en el director ejecutivo (CEO) de BR, Larry Fink, para ocupar la cartera del Tesoro de Estados Unidos.

La aventura española de BlackRock nace en 2012 cuando Rodríguez Zapatero encarga al entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Ordoñez (el antiguo secretario de Hacienda del gobierno socialista), que fichara a BlackRock para diseñar el "banco malo" encargado de lidiar con los activos tóxicos originados por el colapso de la burbuja inmobiliaria. Tras esa etapa en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), el ascenso de la firma representada por Fink ha sido meteórico en España, quedando pocos sectores de alto valor añadido donde no haya irrumpido. Curioso amancebamiento tratándose de una multinacional que repatria sus beneficios a paraísos fiscales y que ha sido denunciada por invertir en empresa chinas relacionadas con la represión de la etnia uigur (1 millón de ellos en "centros de reeducación"), y un gobierno de coalición de izquierdas, sedicentemente progresista, que se autoproclama "el gobierno de la gente".

Los tentáculos de BlackRock alcanzan a los sectores más rentables de la economía. De entrada, es el mayor inversor del sector financiero español al estar presente como accionista de referencia en el BBVA, Banco de Santander, CaixaBank, Bankinter y Sabadell. También es el mayor "casero", controlando más 30.000 propiedades a través de dos de las principales socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, nota del "blogger"), Merlin y Colonial. Algo parecido ocurre con su incursión en las empresas energéticas, algunas de ellas estratégicas, vía Iberdrola, Repsol, Enagas, Redeía, Solaria, Acciona y Naturgy, donde ocupa el segundo puesto tras el plácet dado a su entrada por el "gobierno de la gente" el pasado mes de septiembre. En el capítulo de las infraestructuras encontramos a BlackRock en ACS, Talgo y Ferrovial, la compañía que decidió trasladarse a Holanda para pagar menos impuestos aquí. En medios de comunicación su impronta se halla en Atresmedia, Mediaset, Telefónica y Prisa. Y últimamente ha puesto en su diana a la deuda pública española, lo que según Investigate Europa, el equipo internacional de periodistas de investigación que sacó a la luz los Papeles de Panamá, le abre la puerta a "influir en las decisiones fiscales de los gobiernos". Un criterio que retrata el oscuro rol de un "gobierno en la sombra". Porque, dada la relación de fuerzas favorable al killer financiero, es dudoso que un Estado colonizado por un inversor abanderado del gran capital global, que le supera exponencialmente en potencial económico, quiera y pueda decirle "no es no". De hecho, la generosa bienvenida dada por Pedro Sánchez a Larry Fink en Naturgy parece indicar todo lo contrario.


"La cuestión -zanjó Humpty Dumpty en Alicia en el País de las Maravillas- es saber quién es el que manda … eso es todo". Esa precisamente ha sido la pregunta que se ha hecho en un artículo el portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, Carlos Martín Urriza, ante la exitosa entrada de BlockRock en la eléctrica con las bendiciones del Gobierno. Aunque, seguramente porque el partido que representa es cómplice por formar parte del Ejecutivo de izquierdas implicado, ha recurrido a dejar pistas mediante candentes interrogantes. "Si no como se explica que habiendo un consenso generalizado entre la población española sobre la necesidad de solucionar las dificultades de acceso a la vivienda –observa Martín Urriza-, sobre todo entre los jóvenes, las iniciativas más eficaces nunca llegan al Boletín Oficial del Estado ¿Tendrá algo que ver que Blacktones y BlackRock sean los mayores caseros de España? Que la banca española no haya elevado la remuneración del ahorro de los hogares con el alza de los tipos de interés –como si ha ocurrido en Europa-, pero si el coste de sus hipotecas y no se haya hecho nada para corregirlo, estará relacionado con que BlackRock tenga una participación superior del 5% o superior en el Santander, BBVA y CaixaBank? Que los beneficios de las eléctricas y energéticas españolas supere con creces al de sus homólogas europeas, ¿tiene conexión con que BlackRock tenga participaciones que superan el 5% en Enagás, Iberdrola y Repsol?" (Diagonal, 22 de enero de 2024). Conviene puntualizar que el incisivo portavoz de Sumar clama en el desierto. Ya antes había hecho pública su radical discrepancia con medidas como la supremacía de los convenios autonómicos sobre los estatales o el proyecto de una financiación especial para Cataluña, siendo olímpicamente ignorado por Yolanda Díaz, hasta el punto de obligarle a censurar sus comentarios de las redes sociales. Hablamos de desinformación desde el poder.

¿Ausencia de malicia por parte de Sánchez y sus acólitos en el gobierno de la gente o plena cooperación para que BlackRock sea en la práctica la "mano invisible" de sus políticas económicas? A fin de que el lector opte con conocimiento de causa concluimos con una adenda a lo ya dicho que rotula la vocación monopolista que inspira a BlackRock en su embestida en la piel de toro. A saber:

– Renovables. En enero de 2023 Sánchez se reunió en privado con Larry Fink en Davos y poco después el Gobierno aprobó limitar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en las renovables (el nuevo filón de las eléctricas que controla BR) a 50 megawatios.

– Gas. Frente al consenso de la Unión Europea (UE) respecto a parar la compra de productos energéticos a Rusia por la invasión de Ucrania, España se convirtió en el primer comprador de gas licuado a Putin y en el segundo del mundo para beneficio de Repsol y demás penetradas por BlackRock. Doble vara de medir que alcanzó cotas nunca vistas con la posición del Gobierno ante del conflicto de Gaza. Mientras Sánchez, con una mano, se adelantaba a la UE en reconocer a Palestina, con la otra mantenía una fructífera negociación con Israel. Según la Fundación del Centro Delás de Estudios por la Paz, que estudia "llevar ante los tribunales al Gobierno como cómplice de genocidio" (La Voz de Galicia, 12 de agosto de 2024), el Estado español exportó armas a Netanyahu por valor de un millón de euros y concedió contratos por 1.027 millones a empresas israelíes y sus filiales, todo ello durante la guerra en curso. A eso llamó Pedro Sánchez estar en el lado correcto de la historia. Ya en 2018 defendió la entrega de bombas a Arabia Saudita para su ofensiva contra el Yemen con el argumento de que lo hacía "para defender los intereses de España", añadiendo que "lo mejor que podría ocurrir era que no se usen".

– Sanidad. Según el Registro de Vacunación, el 92% de las vacunas contra el COVID 19 compradas durante la pandemia por el Gobierno lo fueron a las multinacionales farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Como quedó dicho, BlackRock tiene una participación accionarial clave en la norteamericana Pfizer.

– Pensiones. En 2022 el Gobierno acordó con CEOE, CCOO y UGT la Ley de Pensiones Públicas de Empleo que deberán ser gestionadas por entidades privadas (más negocio para la gran banca y derivados donde impera BlackRock). La norma aprobada "por consenso de los agentes sociales" merecía esta valoración para el sindicato USO, tercero en discordia: "Implica un debilitamiento del sistema público de pensiones y el avance hacia su privatización. Es un ataque a la sostenibilidad del sistema".

– Deuda pública. Coincidiendo con el avance de BlackRock como tomador de deuda pública española, la agencia de calificación Moody´s, cooptada por la firma de Fink, ha cambiado la calificación de estable a positiva. Recordemos las famosas "triple A" fake que condujeron al abismo a las economías de medio mundo en 2008.

– Medios de Comunicación. El 25 de febrero de 2020 BlackRock incremento su influencia en el Grupo Prisa donde era accionista, adquiriendo buena parte de su deuda privada, obteniendo a cambio el poder de veto sobre la posible venta de El País, el pulpito del sanchismo. BlackRock es el mayor inversor en armamento del globo y el fondo buitre Amber Capital, dueño del progubernamental Grupo Prisa, editora de El País, es accionista de referencia de Indra, una de las principales empresas del sector de Defensa de España.

El pasado septiembre Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no aplicar el impuesto mínimo del 15% a las grandes empresas.

El 26,5% de la población (12,7 millones de personas) está en riesgo de pobreza y exclusión social, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español.



"España no va como una moto. Va como un cohete" (Pedro Sánchez)

Manolo Totxa
(Fuente: https://www.radioklara.org/; visto en https://ejercitoremanente.com/)