DE AQUELLAS POLVAREDAS, ESTOS LODAZALES

Supongo que numerosos lectores recordarán el caso: Luis Montes Mieza, médico anestesista que por entonces coordinaba el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) fue acusado en 2005 de mala praxis por aplicar sedaciones en dosis elevadas a enfermos terminales, con el resultado de un elevado número de muertes en lo que aparentaba ser -o así fue interpretado por diversos comunicadores sociales- una práctica generalizada de eutanasia activa.

El caso fue objeto de una denuncia anónima tras de la cual se desató un escándalo sin precedentes que llevó a la judicialización del asunto y a la inevitable polarización política en torno a lo sucedido.

El Partido Popular, gobernante en la Comunidad de Madrid, inició una investigación que reveló que la tasa de muertes en las urgencias del centro triplicaba lo esperable.

El PSOE, por su parte, hizo bandera del dr. Montes y acusó de falta de medios a la planta y a sus perseguidores de buscar el desprestigio de la sanidad pública.

La andanada de denuncias mutuas entre el equipo del anestesista y quienes le acusaban de practicar sedaciones abusivas y sin consentimiento familiar enfangaron todo el asunto, sin que finalmente pudieran probarse judicialmente las acusaciones de que se dispuso discrecionalmente de vidas humanas para evitarle cargas al sistema sanitario y molestias a los cuidadores.

Como suele suceder, la ideología política de los opinadores de barra de bar y palillo en la comisura de la boca determinó la valoración de lo sucedido: para la derecha, el doctor Montes fue un iluminado que decidía discrecionalmente quienes iban a dejar de acaparar recursos sanitarios para pasar a usar los funerarios, para la izquierda fue un mártir de la inquisición del encarnizamiento terapéutico y un pionero de la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y el derecho a una muerte digna.

En 2007 un juzgado de Leganés sobreseyó el caso, y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid ratificó el archivo del mismo, descartando la "mala praxis" (una de las firmantes de la sentencia fue la luego alcaldesa de Madrid Manuela Carmena).

Recordar esta polémica en estos momentos no obedece a hacer una relectura maniquea de aquel suceso, sino a sopesar cómo el precedente de la completa exoneración jurídica puede haber supuesto un aliciente para el personal sanitario que, a lo largo de esta supuesta pandemia, ha tomado decisiones más que discutibles, en las que frente al "primum non nocere" (lo primero es no causar daño) hipocrático se han privilegiado consideraciones logísticas que han llevado a:

- una desatención casi absoluta de toda patología que no fuera etiquetada como Covid,

- a negar atención hospitalaria a los calificados de "prescindibles" (en primer lugar, los ancianos y pacientes pluripatológicos, en segundo, los refractarios a la terapia génica que nos presentan como "vacuna"), todo ello en evitación de una saturación hospitalaria que nunca se dio,

- al seguimiento de protocolos inadecuados dictados por "autoridades y expertos" (siendo justamente los primeros -la OMS, en particular- paladines indiscutibles de la improvisación y la contradicción, y los segundos, con vergonzante frecuencia, una entelequia inexistente), convirtiéndose el estricto y ortodoxo cumplimiento de tales protocolos en un proceder que la clase médica ha antepuesto de forma generalizada al riesgo de curar sin el respaldo de "los de arriba", lo que a su vez ha conducido a:

- que se agravara la condición de numerosos enfermos a los que se recetó Paracetamol o Remdesivir en vez de las mucho más eficaces ozonoterapia, hidroxicloroquina o ivermectina,

- a que se forzara a numerosos pacientes a la criminal intubación que reventaba los pulmones de los más debilitados (lo que ha llevado a la muerte a cerca del 85% de los sometidos a tan brutal y contraproducente tratamiento),

- a que no se solicitase a los aterrorizados -y, consecuentemente, desinformados- demandantes de una inoculación experimental la preceptiva receta médica

- y un largo y bochornoso etc.

Tal vez los médicos y enfermeras que han sido cómplices necesarios de tanta muerte e incapacitación cuenten con salir indemnes e irse de rositas, que el comprensivo público que hasta les aplaudía en hora fija hará la vista gorda, y "aquí paz y después gloria". Mientras que los valientes y comprometidos han sido capaces de alzar su voz -y pagar el precio por ello- la gran mayoría ha preferido conservar sus puestos y salarios, incrementados, eso sí con las cuantiosas primas con que gobiernos y farmacéuticas han comprado su complicidad y su silencio.

Siendo tantos y tan bien avenidos, el corporativismo profesional y la desmemoria generalizada juegan a su favor. Y tal vez confiar en la justicia sea en estos tiempos un síntoma de ingenuidad en grado sumo. Pero pensar en que tanta dehonestidad, vileza e irresponsabilidad se sobrepondrán a la equidad, la decencia y a la razón excede el más justificado pesimismo.

O, como sentenció lapidariamente Abraham Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo.

(posesodegerasa)

El gerontocidio de comienzos de 2020, explicado en su mínimo común deno-
minador. Esta mortandad provocada y financiada se atribuyó al virus indemos-
trado para poner en marcha la narrativa del pánico. Silenciar este holocausto es
hacerse cómplice de él. ¿Cuándo va la justicia a tomar cartas en el asunto?