¿LA EUROPA DE LAS LIBERTADES?

“Sabemos que si no detenemos este esfuerzo por destruir el Estado de derecho, en todos los niveles, para crear un reino separado que pertenezca sólo a los muy ricos y poderosos, tendremos garantizado un sistema fascista global que, si puede, nos exterminará precisamente de la manera que se intentó en Europa en los años 1940” (Emanuel Pastreich. Ex presidente del Asia Institute)

El 29 de abril de 2023 se colocó una estructura de piedra, dentro de una propiedad privada al borde de un camino, en la localidad alemana de Zinnwald/Georgenfeld. La inscripción era la siguiente: “En memoria de las víctimas del experimento de vacunación contra el coronavirus y las medidas coercitivas del régimen de Kretschmer”.

El departamento de policía de Dresde el 3 de mayo de 2023 ordenó retirar la piedra antes del 8 de mayo y cubrirla inmediatamente para que la inscripción ya no fuera legible. El mismo día se interpuso una demanda en contra de las órdenes policiales (ref.: 6 K 687/23) y al mismo tiempo se solicitó protección judicial provisional, lo cual el Tribunal Superior de Dresde no admitió argumentando que la piedra representa una “amenaza para la seguridad pública” debido a su inscripción. Un peligro que justifica la intervención policial está especialmente presente en caso de amenaza de violación de las leyes penales alemanas como las relativas a los delitos de injuria en el Código Penal (StGB. Strafgesetzbuch) (Artículo 185 StGB), (Artículo 186 StGB), (artículo 187 StGB) y especialmente cuando se dirigen contra personajes públicos (artículo 188 StGB), así como a la denigración del Estado y sus símbolos (§ 90a StGB).

El tribunal coincidió con el dictamen preliminar de la fiscalía de Dresde.

El 5 de febrero de 2022 se creó un símil del Tribunal Russell contra la guerra de Vietnam con el nombre de los “segundos juicios de Nüremberg” en relación a la pandemia de covid-19, liderado por el abogado alemán Reiner Fuellmich que ha recabado una cantidad suficiente de datos y evidencia que respaldan sus denuncias: que la pandemia es un escandaloso fraude basado en pruebas de PCR que no fueron diseñadas para el uso que se les ha dado desde el comienzo de la crisis sanitaria y que la inoculación masiva de la población mundial con productos experimentales -junto con las arbitrarias medidas dispuestas para combatir el Sars-CoV-2- constituyen crímenes de lesa humanidad, incluso más graves que los ocurridos durante el Tercer Reich.

Con el nombre de “Comité de investigación Corona”, como explican en su comunicado, “al no haber podido encontrar un tribunal de justicia del sistema actual, habrían optado por realizar una simulación del procedimiento “fuera del sistema actual”.

Reiner Fuellmich durante años se centró en los casos de negligencia médica, pero luego se dedicó a representar a los perjudicados por corporaciones y bancos, por los llamados “casos de hipotecas basura”, y en el 2004 presentó una denuncia penal contra el entonces presidente del 11 Senado del BGH (Der Bundesgerichtshof. Tribunal Federal de Justícia), llamado “senado bancario” que había emitido juicios notoriamente favorables a los bancos y perjudiciales para los clientes. Esta denuncia penal fue una acción única de un abogado en la historia judicial alemana hasta entonces y jamás se lo han perdonado.

Reiner Fuellmich estaba a punto de presentar una demanda apoyada por miles de médicos y abogados contra los fabricantes de ARNm cuando en octubre de 2023 fue secuestrado en México por el Estado alemán y encarcelado, donde actualmente está siendo juzgado por cargos falsos presentados por lo que parece “testigos pagados”.

El editor en jefe de Technocracy News, Patrick Wood, quien trabajó en el pasado con Fuellmich para revelar la verdad sobre Covid, declaró: “Lo atrajeron a la embajada de Alemania en México, donde lo secuestraron. No fue arrestado en México porque no existe un tratado de extradición (entre México y Alemania)”.

“Al igual que Lorenzo de Medici decidió eliminar al sacerdote Savonarola para defender la reputación de su familia en Florencia, Olaf Scholz y Ursula von der Leyen apuntaron al Dr. Füellmich. No es porque mintiera – oh no, al igual que Giarolamo Savonarola, el Dr. Füellmich está destrozado por exigir pruebas y estudios sobre las vacunas exigidos por la ley, ¡que ni Scholz ni von der Leyen nunca permitieron!”.

Además de Reiner Fuellmich, formaban parte de los “segundos juicios de Nürenberg”, el magistrado Rui Fonseca e Castro, expulsado de la carrera judicial por parte del Consejo Superior de la Magistratura de Portugal el 7 de octubre de 2021 por su posición respecto a la pandemia, por “incentivar a la violación de las reglas sanitarias” y por ser miembro de “Juristas por la Verdad” en Portugal.

También la abogada India Dipali Ojha activista del Movimiento indio “Despertar” (Awaken India Movement. AIM) y miembro de la Asociación de Abogados de la India (IBA), la cual emitió un “aviso legal” el 26 de mayo de 2021 en el que señala a la científica Soumya Swaminathan Yadav de la OMS, de engañar a los ciudadanos indios sobre el covid-19, que como señaló Health Policy Watch el “aviso legal” era el primer paso y que llevarían el proceso “adelante”.

Otro participante es Michael Swinwood, abogado canadiense que representó a un médico que denunció, junto a otros profesionales, que supuestamente se produjeron “falsas exenciones médicas de la vacuna contra la covid-19” en Canadá.

Michael Swinwood en su escrito “Elevando la conciencia de la humanidad. Sesión Especial: Ofensiva Jurídica Internacional Parte 1, 23 de abril de 2021” plantea la preocupación sobre el rumor en la provincia de Quebec de que estaban contemplando una legislación que quitaría la autoridad sobre los niños de las manos de los padres si no seguían las órdenes sobre las vacunaciones obligatorias que según el Presidente del Tribunal Supremo de Ontario: “No volveremos a la normalidad hasta que todos estén vacunados”.

Casi al unísono, la “democracia” francesa establece una tiranía médica. El profesor Michel Chossudovsky, director de Investigación Global, ha examinado la nueva ley francesa que define la disidencia de las narrativas médicas oficiales como una “aberración sectaria” y criminaliza la disidencia y denuncia de afirmaciones como las realizadas por el gobierno que “la vacuna de ARNm es segura y eficaz”.

La ley también crea un nuevo delito denominado “provocación a la abstención de atención médica”. Un ciudadano francés es culpable de un delito si rechaza una vacuna o un tratamiento médico dictado por las autoridades. Si la ley hubiera estado vigente durante la campaña de vacunación masiva con la mortal “vacuna” de ARNm, todos los que se negaran habrían sido condenados a tres años de prisión y habrían pagado una multa de 45.000 euros. La nueva ley también protege a las corporaciones farmacéuticas de cualquier responsabilidad por las muertes y los daños a la salud.

En todo el mundo se avizora una ola de fascismo “constitucional” que ya en 1990 se preguntaba Thierry Pfister cuando escribió “La fin de l’État de droit”, y que posteriormente el también canadiense Frédéric Bérard escribió en el 2014 “La fin de l’Êtat de droit?” en el cual concluye que: “La adopción de medidas inconstitucionales, las violaciones de las libertades civiles, la disminución de la presunción de inocencia, una justicia paralela y popular fomentada por los medios de comunicación: tantas observaciones que, sin embargo, no se hacen en un país lejano y en dictadura, donde un régimen tiránico o reina una monarquía absoluta. Más bien, provienen de un Estado que incluso está orgulloso de su régimen democrático: Canadá”.

Asimismo Jean-Claude Paye ya había escrito en 2004: “El final del estado de derecho. La lucha antiterrorista: del estado de excepción a la dictadura” y en las conclusiones de su extenso estudio de las modificaciones legislativas afirma que “lo esencial en la incriminación específica para el terrorismo reside en la posibilidad de criminalizar cualquier forma de presión social sobre poderes públicos nacionales o sobre una organización internacional. La decisión-marco del Consejo de la Unión Europea es particularmente explícita, puesto que criminaliza la intención de “obligar indebidamente a unos poderes públicos o a una organización internacional a realizar o a abstenerse de realizar un acto cualquiera”. Esta disposición adquiere todo su sentido si se traslada a las negociaciones que tienen lugar en el marco del FMI, de la OCDE, o de la OMC”.

Y ahora, debemos incluir la OMS ante el intento de imponer “manu militari” un Reglamento Sanitario Internacional de obligado cumplimiento.

Así pues, el temor a los grupúsculos con apariencia neonazi tatuados de esvásticas no debe suponer un desvío de la mirada de atención fundamental hacia los altos directivos de Fundaciones, Instituciones, Corporaciones, etc. los cuales son los auténticos forjadores de un fascismo mundial, y a sus subordinados del mundo de la judicatura, de la cultura, del periodismo, de la enseñanza y de la sanidad.

(Visto en https://mpr21.info/)