LA PLANDEMIA FUE CONTROLADA DESDE EL PRINCIPIO POR EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE.UU. (1ª PARTE)

De acuerdo con los estatutos aprobados por el Congreso, la investigación de las leyes activas y los detalles adicionales obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información por una ex ejecutiva de una Organización de Investigación por Contrato (CRO) farmacéutica, Sasha Latypova, y la investigadora legal intensiva Katherine Watt, el Departamento de Defensa lanzó y supervisó el programa de inyecciones contra el COVID como una «contramedida» frente a un ataque extranjero. Mientras el público fue bombardeado con una campaña de miedo orquestada, el gobierno de EE.UU. manejó la respuesta de Covid como una emergencia de seguridad nacional.

El presidente Trump declaró una emergencia de salud pública (Public Health Emergency, PHE) el 13 de marzo de 2020, en virtud de la Ley Stafford, y puso al Consejo de Seguridad Nacional a cargo de la política de Covid.

“Pusieron al Consejo de Seguridad Nacional a cargo y lo trataron como un acto de guerra”, dijo Latypova.

Según los informes de Operation Warp Speed/ASPR, el Departamento de Defensa ordenó, supervisó y administró estrictamente el desarrollo, la fabricación y la distribución de contramedidas contra el covid, principalmente utilizando la red de contratistas y consorcios militares previamente establecida por el Departamento de Defensa.

El Departamento de Defensa, BARDA y HHS ordenaron todas las contramedidas de Covid, incluidas las «vacunas» como demostraciones de prototipos de fabricación a gran escala, evitando las regulaciones y la transparencia obligatorias en un enfoque meramente sanitario. Como consecuencia, las contramedidas de Covid, incluidas las «vacunas», no necesitaron cumplir con las leyes de EE.UU. para la calidad de fabricación, la seguridad y el etiquetado.

“La implicación es que el gobierno de los EE. UU. autorizó y financió el despliegue de materiales biológicos que no cumplen con los requisitos en los estadounidenses sin aclarar su estatus legal de “prototipo”, haciendo que los materiales no estén sujetos a la supervisión regulatoria normal, todo mientras mantiene una presentación pseudo “regulatoria” fraudulenta cara al público”, dijo Latypova .

“Lo más increíble es el hecho de que las leyes actuales promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos parecen legalizar las acciones de encubrimiento”

A los ciudadanos se le hizo creer que la FDA, los CDC y testaferros como Anthony Fauci supervisaban el programa de vacunas contra el COVID-19. Su participación fue una operación de información orquestada. Todas las decisiones relacionadas con la investigación de la inyección COVID-19, la adquisición de materiales, la distribución y el intercambio de información fueron estrictamente controladas por el Departamento de Defensa de EE.UU..

Se han descubierto cientos de contratos de contramedidas de Covid. Una revisión de estos contratos indica un alto grado de control por parte del Gobierno de los EE.UU.. Especifican el alcance de los entregables como «demostraciones» y «prototipos» mientras excluyen los ensayos clínicos y el control de calidad de fabricación. Para garantizar que las empresas farmaceuticas (Pharma) sea libre de realizar ensayos clínicos falsos sin riesgo financiero, los contratos incluyen la eliminación de toda responsabilidad de los fabricantes y cualquier contratista a lo largo de la cadena de suministro y distribución en virtud de la Ley PREP de 2005 y la legislación federal relacionada.

¿Por qué no hay acción por parte de los reguladores o los tribunales? Según Latypova y Watt, una combinación de leyes recientemente aprobadas y órdenes ejecutivas ¡hacen LEGAL MENTIR! El Secretario del HHS no es responsable ante nadie si el Congreso continúa extendiendo la Emergencia Nacional de Salud cada tres meses.

Una importante operación de información se puso en marcha en el momento en que apareció el COVID-19. El gobierno de EE.UU., la comunidad de inteligencia, los medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas se confabularon para orquestar e implementar una intensa campaña de presión diseñada para que la inyección Covid fuera implementada legalmente en virtud de la Ley de Autorización de Uso de Emergencia mientras vilipendiaban a los médicos disidentes, los críticos y los tratamientos alternativos viables. Esta designación permitió una fabricación rápida sin los protocolos estándar de seguridad y salud pública.

Para que una vacuna o inyección génica reciba la designación bajo la EUA, no puede haber otros tratamientos o curas conocidas. Por lo tanto, muchos tratamientos probados, como la ivermectina y la hidroxicloroquina, fueron incluidos en la lista negra de los medios y descartados como «antiparasitarios para caballos» cuando estos medicamentos baratos y fácilmente disponibles fueron reconocidos en el pasado por su eficacia.

Se le dijo al público que estas inyecciones basadas en el gen COVID-19 eran «seguras y efectivas» (CDC a , 2022): que evitarían la infección y las posibilidades de enfermedad grave y muerte por el virus, y evitarían la transmisión del virus. Ahora sabemos que ni previenen la infección ni la transmisión y no han evitado una alta incidencia continua de COVID-19. Además, están asociados con una incidencia sin precedentes de eventos adversos graves y muertes en comparación con cualquier otro fármaco en la historia de la industria farmacéutica. (Turni y Lefringhausen 2022; Altman, 2022; CMN, 2022; Blaylock, 2022).

Contrariamente a la creencia popular de que las compañías farmacéuticas impulsaron los programas de desarrollo de la vacuna COVID, el sitio web de la FDA de EE.UU. (FDA, 2020) revela que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) ha tenido el control total del programa de desarrollo de la vacuna Covid desde su comienzo. El DoD ha sido responsable del desarrollo, la fabricación, los ensayos clínicos, la garantía de calidad, la distribución y la administración desde ese momento (FDA, 2020; Rees y Latypova, 2022; KEI, 2022; Medical Defense Consortium, 2022; Rees, 2022). Las principales compañías farmacéuticas han estado involucradas como «Equipos de coordinación de proyectos» actuando efectivamente como subcontratistas del Departamento de Defensa. El director de operaciones del programa de vacunas Warp Speed es el Departamento de Defensa de los EE. UU. y el asesor científico principal es el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS).

La verdadera naturaleza de las ‘vacunas’ contra el COVID-19 ha sido tergiversada en gran medida por los principales medios de comunicación, las grandes compañías farmacéuticas y los gobiernos, y la población en general no la comprende bien. Referirse a estos productos como «vacunas» llevó a la mayoría de las personas a considerarlos relativamente seguros y bien investigados y aceptar fácilmente su uso generalizado. Sin embargo, en realidad no son vacunas: son intervenciones serias basadas en genes que nunca se han implementado ampliamente en ninguna población, especialmente en personas sanas, incluidos niños, bebés y mujeres embarazadas. En este sentido deben considerarse experimentales.

Las ‘vacunas’ que en realidad son inyecciones génicas contra el COVID-19 pertenecen a una clase especial de agentes terapéuticos según la Oficina de Terapias Celulares, de Tejidos y Genéticas de la FDA de EE. UU. definidas como «productos de terapia génica», que implican «introducir un gen nuevo o modificado en el cuerpo para ayudar a tratar una enfermedad” (FDA, 2018). Hasta ahora, el uso de productos de terapia génica se ha limitado al tratamiento de enfermedades o afecciones genéticas generalmente raras, graves y debilitantes. Tienen potencial para causar daño genético intergeneracional permanente, cáncer e interferir con la capacidad reproductiva.

La FDA y otras agencias reguladoras de medicamentos tienen reglas y pautas específicas para dirigir a los fabricantes en el desarrollo y prueba de dichos productos, tanto para investigación preclínica (FDA, 2013) como clínica (FDA, 2015). Sin embargo, la FDA no evaluó estas “vacunas” contra el COVID-19 de acuerdo con estas pautas de terapia génica.

En cambio, hubo un esfuerzo concertado para evitar referirse a ellos como productos de terapia génica, basado, en parte, en el argumento de que el material genético en las vacunas COVID-19 no estaba destinado a incorporarse al ADN de un individuo, ni a modificar genes. No había información previa de seguridad a corto plazo ni datos a largo plazo sobre los cuales predecir efectos futuros. No se han aprobado previamente productos terapéuticos similares en ninguna parte del mundo. Su administración generalizada a nivel mundial sin experiencia histórica en seguridad fue un riesgo sin precedentes para la salud humana.

La tecnología de plataforma de ARN mensajero ha sido investigada por DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) desde al menos 2012 (McCullough, 2022). A principios de 2020, en medio del pánico por desarrollar las inyecciones contra el COVID-19, se omitieron, eludieron, redujeron o no se realizaron ciertos procedimientos críticos de investigación y desarrollo de manera secuencial lógica, o según los estándares de laboratorio o de fabricación establecidos. Aunque la proteína espiga o spike es el fármaco activo y es directamente responsable de la respuesta inmunitaria, su farmacología y toxicología no se han estudiado en animales ni en humanos como normalmente se habría requerido.

Muertes y efectos adversos solo en EE.UU.

Otras deficiencias notables incluyen la falta de investigación crítica sobre carcinogenicidad, mutagenicidad, genotoxicidad y toxicología reproductiva en especies animales apropiadas. En particular, no se investigó el potencial de transcripción inversa de material genético de ARNm en el ADN de un individuo. Además, la fabricación a gran escala fue prematura y carecía de un control de calidad adecuado para garantizar que el producto fabricado en lotes grandes fuera el mismo que el fabricado en lotes más pequeños.

Sin dicha investigación, no se puede garantizar la integridad del ARNm, la presencia de contaminantes y la estabilidad de las «vacunas». Estos descuidos son directamente responsables de la incapacidad de predecir las reacciones adversas graves a los medicamentos y la mortalidad que ahora se han notificado en relación con estas vacunas .

(Visto en https://cienciaysaludnatural.com/)