CMX 2004: ¿SIMULACRO O ENCUBRIMIENTO DE LA OTAN?
Después de haber demostrado que elementos no identificados del aparato del Estado falsificaron pruebas para orientar la investigación sobre una pista falsa y encubrir una operación de tipo militar, resulta lógico analizar la posibilidad de que los atentados de Madrid hayan sido cometidos por un servicio secreto militar.
Según el ex oficial de inteligencia del ejército estadounidense Eric H. May, «la manera más simple de hacer un atentado bajo bandera falsa consiste en organizar un ejercicio militar;que simule exactamente el atentado que se quiere cometer».
Al igual que los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los del 7 de julio de 2005 en Londres, los atentados de Madrid coincidieron con un simulacro de ataque terrorista. Desde el día 4 de marzo hasta el día 10 del mismo mes de 2004, la OTAN estuvo realizando su ejercicio anual de gestión de crisis, llamado CMX 2004, y el 11 de marzo las bombas de verdad estallaban en Madrid.
En una de las pocas menciones de aquel simulacro aparecidas en la prensa, el diario español El Mundo escribía lo siguiente: «La similitud del ejemplo diseñado por la OTAN con lo sucedido en Madrid es escalofriante y ha impresionado a los diplomáticos, militares y servicios de Inteligencia que participaron en el simulacro apenas horas antes». Como los detalles del CMX son información clasificada, se ignora hasta donde llega esa similitud.
PARTIDA PRECIPITADA DE UN EQUIPO DE LA CIA
Otra coincidencia perturbadora es la escala realizada en España por uno de los aviones clandestinos de la CIA. Los vuelos secretos de la CIA se hicieron célebres durante el escándalo de los secuestros y de las prisiones secretas en Europa utilizados en el marco del programa estadounidenses de «restituciones extraordinarias».
El Boeing 737 inmatriculado como N313P aterriza el 9 de marzo de 2004 en el aeropuerto de Palma, en la isla española de Mallorca, y parte el 12 de marzo, el día siguiente de los atentados de Madrid. Este fue el más grande de todos los aviones utilizado en los vuelos secretos y se trata del principal avión citado en el informe del Consejo de Europa de 2006. Palma se describe en ese informe como una «plataforma de la CIA en el programa de restituciones».
¿Qué provocó aquel despegue precipitado sólo horas después del descubrimiento de la famosa mochila de Vallecas? Además de aquella precipitación, lo que llama la atención es la presencia misma del avión en territorio español en el preciso momento de los atentados de Madrid.
Según la comisión del Parlamento Europeo sobre los vuelos de la CIA, 125 vuelos secretos de la agencia de espionaje estadounidense aterrizaron en diferentes aeropuertos españoles entre el año 2001 y 2005 (o sea, en unos 1500 días). Las escalas son generalmente de 1 o 2 días, la simultaneidad entre ambos hechos implica una coincidencia que merece atención.
En un país que desde el restablecimiento de la democracia ha sufrido varios intentos de golpes de Estado militares, no es posible que las fuerzas que añoran el franquismo hayan podido realizar una operación como los atentados de Madrid sin ser desenmascaradas de inmediato.
Pero sí es posible que un servicio secreto militar extranjero haya podido planear esa operación y, de ser necesario, haya logrado reclutar personal dentro de esa tendencia española, que se mantiene sensible al mito de la Reconquista.
En este punto, se hace indispensable retomar las referencias históricas. Al igual que en el resto de Europa occidental, una estructura secreta dirigida por la OTAN se implanta en la España de la posguerra a pesar de que, precisamente debido a su régimen político, ese país no se incorporó a la alianza atlántica hasta 1982.
En su libro de referencia «Les Armées secrètes de l’OTAN»(Los ejércitos secretos de la OTAN), el historiador suizo Daniele Ganser describe esas redes, calificadas como stay-behind (o sea, redes que podían ser activadas tras las líneas enemigas en caso de ocupación enemiga) y conocidas con el nombre genérico de la unidad italiana Gladio (nombre de la espada corta de los antiguos romanos).
Ganser dejó establecido esencialmente cómo esas redes cometieron atentados terroristas bajo bandera falsa en el marco de la «estrategia de la tensión».
España desempeñaba «un papel crucial en el reclutamiento de los agentes del Gladio» y les servía además de refugio. Dio abrigo, por ejemplo, a Stefano Delle Chiaie, «el más conocido de los terroristas miembros de los ejércitos secretos que combatieron el comunismo en Europa y en el mundo durante la guerra fría», un individuo que tiene en su haber «al menos un millar de operaciones sangrientas, entre ellas alrededor de 50 asesinatos».
La red actuaba «contra los militantes comunistas y anarquistas, sobre todo en el medio minero de Asturias y los nacionalistas catalanes y vascos» (aparece aquí el medio de las minas asturianas al que pertenece Emilio Trashorras, principal testigo de cargo contra El Chino y su banda así como colaborador de la policía).
El hombre de confianza de Franco, el almirante Carrero Blanco, gran arquitecto de los servicios secretos españoles, era «su oficial de enlace con la CIA», y su aparato de inteligencia «uno de los mejores aliados de la CIA en Europa».
El comando estadounidense en Europa (EuCom) y la OTAN mantienen además en España la base naval y de inteligencia de Rota y la base aérea de Morón. Y, finalmente, el comando sur de la OTAN estaba instalando en Madrid el cuartel general de sus tropas terrestres precisamente en el momento de los atentados.
Hay que señalar que los servicios secretos de la US Navy y de la US Air Force, respectivamente el NCIS y el OSI, gozaron durante el periodo que nos interesa de una sorprendente libertad de acción en territorio español.
En abril de 2002, José María Aznar y George W. Bush modificaron la convención bilateral de defensa entre España y Estados Unidos.
Esa modificación legalizó por vez primera la presencia en España de los servicios secretos estadounidenses anteriormente mencionados, dotándolos además de prerrogativas policiales.
La redacción deliberadamente confusa de ese texto les otorgó un amplio margen de maniobra: «las autoridades competentes de los dos países tendrán que establecer las normas que regulen las acciones del NCIS y del OSI en España».
LA BÚSQUEDA DEL MÓVIL
Si la OTAN estuviera implicada en atentados como los de Madrid, la decisión estratégica de recurrir a la acción secreta hubiese tenido que contar con el aval del Comité de Coordinación de los Aliados y presentar un objetivo preciso. La concepción táctica de cada operación, incluyendo la de Madrid, hubiera estado exclusivamente en manos de Estados Unidos y del Reino Unido, sin poner al tanto a los Aliados.
En otras palabras, si los responsables de los servicios secretos aliados hubiesen dado su consentimiento para un montaje de la «guerra contra el terrorismo», el general James Jones (SACEUR), el embajador Nicholas Burns (Estados Unidos) y el embajador Peter Ricketts (Gran Bretaña) pudieron haber decidido el ataque contra Madrid a espaldas del gobierno español, posiblemente requiriendo el concurso de elementos de aparato estatal español en la realización de la operación.
Visto de ese ángulo, sería erróneo interpretar una implicación de los servicios secretos atlánticos en función de las elecciones legislativas españolas o de la elección presidencial estadounidense. Ello equivaldría a enfocarse en una cuestión secundaria dejando pasar por alto el elemento fundamental de la cuestión.
La OTAN se abstiene de intervenir en la vida política de los Estados miembros cuando todos los competidores políticos son favorables a los intereses de la alianza atlántica (como en el caso del Partido Popular y el Partido Socialista españoles y el del Partido Republicano y el Partido Demócrata estadounidenses). La visión de la OTAN es mucho más amplia.
Además, es erróneo considerar que para la alianza atlántica era negativo que el Partido Popular perdiera el poder en España (Aznar no había querido presentar nuevamente su candidatura) y que las tropas españolas se retirasen de Irak.
Numerosos autores españoles se han interrogado sobre las razones que llevaron a los terroristas, quienes quiera que fueren, a actuar durante las elecciones legislativas. [Esos autores] han resaltado la manera en que las reacciones de los diversos protagonistas estuvieron determinadas en función de los intereses de cada cual. Pero eso no nos proporciona información alguna sobre las intenciones de los terroristas.
Si la operación se hubiese realizado por orden de la OTAN, el contexto electoral permitiría reforzar la teoría del «choque de civilizaciones»: o sea, musulmanes no vinculados a Al Qaeda tratan de destruir la democracia y las instituciones occidentales. Esa fue precisamente la versión de los atentados de Madrid que adoptó la justicia española. La misma que adoptó la justicia británica sobre los atentados de Londres.
Si la decisión de poner en escena un terrorismo islámico fue adoptada por el Comité de Coordinación de los Aliados, esa decisión pudo aplicarse los días 15 y 20 de noviembre de 2003 en Estambul, el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 7 de julio en Londres. Para tener validez, nuestra hipótesis debería explicar esos crímenes en conjunto.
En 2004, la OTAN se encuentra en plena reorganización. Por un lado, parece en expansión: se prepara para la entrada de nuevos miembros; está implicada en la estabilización de Kosovo; garantiza la seguridad de la navegación en el Mediterráneo y en las aguas del cuerno de África; está desplegada en Afganistán y comienza a hacerlo en Irak; está conformando una Fuerza de Intervención Rápida capaz de defender sus intereses en cualquier lugar del planeta.
Pero por otro lado, la OTAN atraviesa una grave crisis: después de haber aportado en 2001, por primera vez en toda su historia, la asistencia de sus miembros a uno de ellos que había sido víctima, según los países miembros, de una agresión extranjera, ese mismo tema está siendo centro de graves divergencias en 2003.
Francia y Bélgica han negado que Irak pueda representar una amenaza terrorista para Estados Unidos, mientras que Turquía ha prohibido a Estados Unidos la utilización de su espacio aéreo y de las bases de la OTAN en territorio turco en el ataque contra Irak.
En pleno crecimiento, la OTAN se ve amenazada por un posible desmembramiento. Desunidos, sus miembros se implican en Irak «a la carta».
RECRUDECIMIENTO DEL CONTRATERRORISMO ENTRE LOS ALIADOS
En primer lugar, la OTAN refuerza su control sobre la población extendiendo a Europa las disposiciones de la Patriot Act. En la introducción de su libro La Fin de l’Etat de droit [En español, El fin del Estado de derecho. Nota del Traductor.], el sociólogo Jean-Claude Paye describe de la siguiente manera la reacción de la Unión Europea ante los atentados del 11 de marzo en Madrid:
«En ocasión de los atentados del 11 de marzo de 2004 en España han aparecido en nuestras pantallas de televisión una serie de especialistas del terrorismo que hacen una amalgama entre Al Qaeda, la ETA y diferentes tipos de refugiados políticos, haciendo así del “terrorismo” un término genérico que va a reemplazar al conjunto de organizaciones concretas.
Una de las medidas unánimemente reclamada para conjurar ese peligro multiforme fue la instauración inmediata de la orden de arresto europea. La orden de arresto europea permite la entrega casi automática, por un Estado miembro [de la UE], de una persona requerida por una autoridad judicial de otro Estado miembro. En relación con los procedimientos de extradición, la orden de arresto europea elimina todos los controles políticos y judiciales que tienen que ver con el fondo y con la legalidad del pedido presentado, así como las posibilidades legales de oponerse a dicho pedido.
La orden de arresto europea debía entrar en vigor el 1º de enero de 2004. Aprobada a nivel de la Unión Europea y ya incorporada a la mayoría de las legislaciones nacionales, esta medida estaba tardando sin embargo en entrar en funcionamiento. Una de las primeras consecuencias de los atentados cometidos en Madrid el 11 de marzo fue el fin de la resistencia que aún se mantenía a la utilización de la orden de arresto europea así como el recrudecimiento de medidas incontrolables, adoptadas en el marco de la cooperación judicial y policial entre los países europeos.
Es de temer entonces una aceleración del proceso de suspensión de las garantías constitucionales, ya en marcha después del 11 de septiembre.
Las primeras medidas en ese sentido tienen que ver con el fortalecimiento de la cooperación policial y judicial. Una “capacidad de inteligencia” tendrá como función el análisis de los datos de inteligencia proporcionados por los servicios secretos y los cuerpos policiales de los Estados miembros.
El Consejo de Jefes de Estado y de gobierno también quiere llegar, antes de 2005, a la instauración de pasaportes y de documentos de identidad que contengan datos tales como la fotografía del iris del ojo y las huellas digitales. Las compañías aéreas también estarían obligadas a comunicar a las autoridades aduanales y policiales europeas un conjunto de informaciones sobre sus pasajeros. Esta medida ya estaba en funcionamiento, para proveer información a las autoridades americanas, en los vuelos transatlánticos.
Todas estas medidas, como los pasaportes o documentos de identidad que incluyen un chip electrónico con datos biométricos, están en discusión desde hace tiempo. Los atentados son simplemente una oportunidad para eliminar la resistencia ante esas medidas liberticidas. Pero si las aplicamos a los atentados de Madrid, la eficacia de esas medidas resulta altamente discutible ya que las personas arrestadas estaban viviendo en España desde mucho antes y no viajaban a través de fronteras.
Por lo tanto, no podían ser detectadas a través de esos medios. Sin embargo, esas medidas son perfectamente adecuadas para un manejo policial de las poblaciones. La organización Statewatch ha demostrado que entre las 57 medidas previstas por el Consejo de Jefes de Estado y de gobierno reunido los días 25 y 26 de marzo de 2004, hay 27 proposiciones que no tienen nada o muy poco que ver con el terrorismo.
Jean-Claude Paye demuestra que este control sobre la población se realiza para informar no sólo a las instituciones de los Estados miembros de la Unión Europea sino también a las autoridades estadounidenses. «El desarrollo de la cooperación transatlántica en el marco de la lucha contra el terrorismo revela el carácter orgánico del derecho penal en la formación de la estructura imperial.
La Unión Europea se somete a la hegemonía estadounidense en materia de organización del control de las poblaciones. En cuanto a Estados Unidos, sus exigencias tienen que ver más bien con la capacidad de sus instituciones policiales o judiciales para evadir las estructuras formales de los poderes ejecutivos y judiciales europeos.»
LA «GUERRA CONTRA EL TERRORISMO» SE EXTIENDE A ÁFRICA
El general Jones, comandante supremo de la OTAN y además gran jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa (EuCom), se da a la tarea de crear un comando ad hoc para las fuerzas estadounidenses en África (AfriCom). Para justificar ese despliegue, que inquieta a los africanos, Jones no pierde ocasión de denunciar el peligro terrorista en ese continente. Esa misma argumentación servirá para meter a la OTAN en África. Es importante observar que la extraña decisión del Tribunal Supremo de atribuir los atentados de Madrid a terroristas islámicos no vinculados a Al Qaeda favorece esa perspectiva ya que esos islamistas son originarios del norte de África.
Los días 23 y 24 de marzo de 2004 una reunión sin precedente de los jefes de los estados mayores de ocho países del norte de África y del Reino Unido tiene lugar en la sede del EuCom, en Stuttgart, por iniciativa de Estados Unidos. En aquel momento todas las miradas se dirigían hacia el norte de África, particularmente hacia Marruecos, donde el GICM (Grupo Islámico Combatiente Marroquí) es considerado sospechoso de encontrarse detrás de los atentados de Madrid.
Se decide la puesta en práctica del TSCTP (trans-saharian counterterrorism partnership), ambicioso plan de entrenamiento de los ejércitos africanos para la lucha antiterrorista por parte de Estados Unidos. Estos planes de entrenamiento permiten a Estados Unidos establecerse en suelo africano dirigiendo discretamente los ejércitos locales. La selección de esta estrategia de despliegue responde a la necesidad de disminuir las pérdidas militares causadas por las invasiones de Afganistán e Irak.
Los atentados de Madrid se produjeron en el momento preciso para que Washington y Londres impusieran el TSCTP a esos ocho países africanos. Los atentados habían creado un clima de incertidumbre debido esencialmente a un rumor que anunciaba el próximo desembarco del ejército estadounidense en el norte de África, como en las invasiones de Afganistán y de Irak.
Varios periódicos españoles, argelinos y marroquíes alimentaban aquel rumor, que resultaría falso.
Por ejemplo, el importante diario español La Razón escribía el 21 de marzo de 2004: «Unidades de las fuerzas especiales estadounidenses y tropas militarizadas de la CIA se esperan en los próximos días en la región del Sahel (norte del Sahara). Participarán en la mayor operación antiterrorista realizada por Estados Unidos desde la guerra de Irak. Se prevé que los combates duren varias semanas. Los ejércitos de los países de la zona, que ya han aceptado abrir su espacio aéreo a la US Air Force, participarán en los combates bajo las órdenes de los estadounidenses (…)
La llegada de consejeros militares estadounidenses y británicos podía en efecto parecer a los dirigentes africanos un mal menor, comparada con un desembarco del ejército estadounidense en sus países.
En todo caso, la OTAN como tal no quiso implicarse en el TSCTP. Fue solamente a partir de 2005 que los Estados miembros aceptaron enviar tropas a África, en apoyo a las operaciones de la Unión Africana en Sudán y Somalia. Los atentados de Madrid, presentados como un castigo contra Aznar por su implicación en la guerra de Irak (lo cual fue desmentido mucho más tarde por la justicia), permitieron integrar indirectamente la guerra contra Irak a la «guerra contra el terrorismo» en lógica continuación a las mentiras que el secretario de Estado Colin Powell profiriera en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
En cuanto a la ola de atentados islámicos en Europa, esta se interrumpió con la operación frustrada en Barcelona, en enero de 2008.
Al término de este análisis podemos afirmar que la decisión del Tribunal Supremo [español] no responde a la realidad sino a exigencias políticas. Elementos del aparato estatal español intervinieron para falsificar elementos probatorios y orientar la investigación hacia una pista prefabricada, la pista islamista. Los atentados fueron perpetrados por una organización militar que disponía de cómplices dentro del aparato del Estado.
La OTAN, cuyo pasado terroristas está fehacientemente demostrado, disponía del conocimiento, de los medios logísticos y tenía además un móvil para realizar esa operación. Si se abriera una nueva investigación judicial, el sospechoso principal debería ser la OTAN.
Mathieu Miquel
(Fuente: https://www.voltairenet.org/)
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